Tras posesionar al ingeniero Carlos Diago como Agente Interventor de la empresa Air-e, el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, aseguró que debe aprenderse del pasado para no repetir los errores cometidos anteriormente en el manejo del sector energético.

"No quiero que nos pase otro Electricaribe”, aseguró Diago al referirse a lo que encontró en la empresa Air-e cuya intervención inicial es de un año, pero que podría prorrogarse, de acuerdo con la evolución de su situación financiera.

"Si pensamos y tenemos en cuenta los antecedentes, los errores que se cometieron con Electricaribe, pues aspiramos a no volverlos a cometer. A veces los errores sirven para tenerlos en cuenta en búsqueda de una solución definitiva y estructural que creo que el problema de energía en el Caribe es un problema estructural y tiene que ser estudiado con mucho juicio por el Estado”, indicó.

Del acto de intervención, el Superintendente destacó que se estuviera dando de manera pacífica, respetuosa, “porque el objetivo de la Superintendencia y del Gobierno Nacional es recuperar la empresa resolver los problemas financieros que tiene, mejorar el servicio y satisfacer a los usuarios con energía de calidad”.

El Superintendente hizo público el compromiso del Gobierno para darle una solución “estructural” al problema del servicio de energía en la región Caribe.

Recordó que a lo largo de la historia la Costa Caribe ha vivido problemas similares, primero con las crisis de las electrificadoras departamentales, que prosiguió con Electricaribe y ahora la rematan Air-e y Afinia.

En estas últimas, según dijo, “hubo muchos vacíos” que llevaron a que se repita ahora la historia de 2016 cuando fue intervenida la empresa Electricaribe.

El Superintendente reveló que en recientes evaluaciones que la entidad a su cargo había hecho a la empresa Air-e y que se llegó hasta el momento en que la misma entidad prestadora del servicio de energía “le manifestó al Gobierno Nacional que no podía prestar más el servicio”.

“Inicialmente manifestó que hasta el 2 de septiembre, posteriormente hizo un esfuerzo y dijo que había máximo 10 días de plazo para prestar el servicio y como la prestación de los servicios públicos le corresponden al Estado, garantizarles a los usuarios; cuando una empresa manifiesta que no está en capacidad de continuar prestando el servicio, la Superintendencia asume la administración de la empresa”.

Confió el Superintendente en que se pueda superar la crisis.

La intervención inició con la evaluación de cómo está la empresa. “Sabemos que tiene deudas pero también tiene acreencias, tiene acreedores morosos, usuarios y entidades del Estado con las que ha sido complejo el recaudo”